No por anunciados, o rumoreados, y luego desmentidos por las autoridades, los recortes aprobados el domingo por la noche por el Parlamento griego han dejado de sacudir a una sociedad que, tras cinco años de recesión, está económicamente en el chasis. La contestación, no obstante, fue escasa: apenas un millar de manifestantes ante la Cámara, una imagen inédita en comparación con anteriores protestas más multitudinarias.
A cambio de recibir el siguiente tramo de ayuda de la troika (8.800 millones de euros hasta mediados de mayo, con un anticipo inmediato de 2.800 imprescindible para pagar sueldos y pensiones y que fue aprobado ayer mismo por el Eurogrupo), las medidas —pactadas con la troika, según la versión oficial; simplemente impuestas, para el resto— son de envergadura: sueldo mínimo (580 euros) recortado en cien de una tacada para incentivar la contratación de jóvenes y desempleados —427 euros para los menores de 25 años; 490 para los que superan esa edad—; supresión de 15.000 puestos en la Administración hasta fines de 2014 (la mayor andanada contra el sector público desde que en 1911 una ley consagrara la protección de los empleos públicos de cualquier cambio de Gobierno, y que con el tiempo se convirtió en puntal del clientelismo político); liberalización de profesiones como los contables o los panaderos, a los que se despoja del monopolio de la fabricación del pan; o mantenimiento, en fin, del impopular impuesto inmobiliario que se recauda en el recibo de la luz, si bien reducido en un 15%. Otra de las medidas es la regularización del pago de los impuestos atrasados a Hacienda y la seguridad social en mejores términos —es decir, en varios tramos—, tanto para particulares como para empresas.
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