Así lo refleja el artículo 271 del anteproyecto que Justicia ha remitido al Consejo de Estado para su revisión previa a la aprobación en el Consejo de Ministros.
Según este artículo, se impondrán penas de prisión de dos a seis años, multas de de 18 a 36 meses e inhabilitación especial para ejercer la profesión relacionada con el delito cometido en los siguientes supuestos: si hay o pudiera haber un elevado beneficio; por lo grave de los hechos, según el valor, número o interpretación, entre otros, de las obras puestas a disposición del público ilícitamente.
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